Como consecuencia de la pandemia que está viviendo el mundo, por el CORONAVIRUS (COVID-19), el Gobierno de España, a través del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria; ha establecido una serie de medidas entre las cuales se encuentra la limitación de movimientos por parte de los ciudadanos, estableciéndose multas en caso de incumplir estas normas, y todo ello en aras a evitar nuevos contagios.

Los Agentes podrán imponer multas en caso de desobediencia según previene la Ley de Seguridad Ciudadana, pero para casos más graves, el incumplimiento podrá revestir carácter penal y por tanto cometerse un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, o incluso de atentado a la autoridad, siendo que, en estos casos, las conductas pueden llevar aparejadas penas de prisión.

El artículo 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, establece:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado. Cierro no es interpretable por los ciudadanos, ni tan siquiera discutible, sino

Para diferenciar la simple sanción administrativa del delito, en realidad, va a depender del comportamiento del ciudadano, así como de la actuación de la policía, guardia civil, y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que puedan intervenir. Si simplemente se “ha pillado” a una persona incumpliendo el confinamiento, pero no desobedece y cuando es interceptado cumple la orden de identificación etc. Si por el contrario se resiste o trata de huir cuando la policía le dé el alto. Son situaciones diferentes que deben ser tratadas de manera distinta.

El delito de resistencia /desobediencia, se encuentra regulado en el artículo 556 del Código Penal y está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 18 meses, dependiendo de la gravedad del hecho, y se produce contra los agentes de la autoridad o incluso seguridad privada que desarrolla sus actividades en cooperación con las Fuerzas y cuerpos de seguridad.

El delito de atentado contra la autoridad se encuentra regulado en el artículo 550 del Código Penal, estableciéndose penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses o de prisión de 6 meses a 3 años, en función de que el acto se produzca contra un agente o funcionario público o contra funcionarios docentes o sanitarios. En lo que nos interesa en este artículo nos centraríamos en el delito que se produce contra los agentes de policía nacional, local, guardias civiles u otros agentes y fuerzas de seguridad del estado.

Lo que va a determinar que nos encontremos ante uno u otro delito, es la intensidad de la conducta, si es una conducta de resistencia activa o pasiva y la respuesta del agente; o sea que, si la resistencia es grave y activa, nos encontraríamos ante el delito del atentado. Sin embargo, si la resistencia es pasiva, pero con algún tipo de forcejeo, nos encontraríamos ante el delito de la resistencia. Todo esto dependerá también de la visión del juez respecto de los hechos.

Por ello, en este estado tan excepcional de alarma, cuando un agente requiere a un ciudadano sobre los motivos de su presencia en la calle cuando existe una prohibición de movimiento, con obligación de confinamiento en su domicilio, y esta persona no puede justificar que está en la calle por ningún motivo -laboral, personal, médico, para cuidados a mayores o niños, etc.- , los agentes le requerirán, y si se resiste, desobedece, se opone o incluso agrede a los agentes, estaremos ante la comisión del delito.