El despido improcedente regulado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, es aquél declarado por un juez en el seno de un procedimiento judicial cuando el empresario no logra acreditar la causa del despido -ya sea disciplinario, por ineptitud o falta de adaptación del trabajador o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción- o cuando no se observan determinadas formalidades en su tramitación -según el caso, falta de carta de despido, ausencia de preaviso (15 días) o falta abono de la indemnización correspondiente junto con el finiquito-.

 El despido también debe ser declarado improcedente si se produce durante una baja médica por enfermedad, y la causa es la ausencia del trabajo por dicha circunstancia. En cambio, sí puede declararse procedente si se produce durante la baja médica, pero se motiva en otra circunstancia establecida en la ley.

Además, existen determinadas situaciones que confieren al trabajador el derecho a la percepción de las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente, tales como la extinción del contrato por voluntad del trabajador ante modificaciones sustanciales del contrato de trabajo sin que existan causas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, ante la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario, o ante el incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario.

La reclamación contra el despido debe efectuarse mediante solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación –SMAC– en el plazo de 20 días desde la notificación del despido. De no alcanzarse acuerdo en dicho acto de conciliación -o no comparecer la empresa a la misma-, debe procederse mediante interponiendo demanda ante los Juzgados de lo Social.

Dicha reclamación contra el despido puede realizarse con independencia de la modalidad de contrato que tengamos –indefinido, temporal, para el fomento del empleo, fijo-discontinuo u obra y serviciosiempre que la terminación del mismo se produzca por una causa anormal. También puede efectuarse la reclamación en los casos que se ha estado prestando servicios para la empresa como falso autónomo.

El despido durante el periodo de prueba es procedente, y no da derecho a indemnización salvo pacto en contrario entre las partes. Tampoco puede reclamarse la improcedencia del despido en los casos de baja voluntaria.

El despido efectuado por el empresario, con independencia de su calificación por parte de la autoridad judicial, no queda reflejado en la vida laboral, y da derecho a prestación por desempleo (“paro”). Tampoco tiene incidencia directa sobre futuras prestaciones por jubilación contributiva, sin perjuicio de las cotizaciones que se dejan de efectuar desde la finalización de la relación laboral.

Las consecuencias de la declaración de improcedencia del despido por parte de la autoridad judicial son la concesión al empresario de un plazo de 5 días para optar entre la readmisión del trabajador con abono de salarios de tramitación, o el abono de la indemnización correspondiente.

Esta opción entre la indemnización o readmisión es del empresario; si la empresa no opta, la ley dispone que se entenderá efectuada la opción por la readmisión, manteniéndose viva la relación laboral, y debiendo abonarse los salarios de tramitación.

Existe una excepción a esta regla, que es cuando el despedido es representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, en cuyo caso la opción corresponde al trabajador, ante cuyo silencio, se entenderá hecha la opción por la readmisión, de obligado cumplimiento para el empresario. En este caso, también se abonaran salarios de tramitación aunque se opte por la indemnización.

La indemnización que corresponde al despido improcedente es de 45 días por año trabajado antes del 12 de febrero de 2012 -fecha de reforma laboral- con un máximo de 42 mensualidades y de 33 días por año trabajado con posterioridad a dicha fecha con un tope de 24 mensualidades.

Los salarios de tramitación son aquellos dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si la colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido.

La base de cálculo de la indemnización es la correspondiente al salario de los 12 últimos meses inmediatamente anteriores al despido, incluyendo pagas extras. Obtenida esta cantidad, debe obtenerse el salario por día dividiendo dicha cantidad entre 12 meses, y luego entre 30 días, multiplicando esta la cantidad resultante los días por año trabajado correspondientes, con los límites de indemnización expresados.

Con relación a la fiscalidad de la indemnización por despido improcedente, dicho abono está exento de tributación por IRPF, no llevando retención por parte del empleador.

El despido improcedente no debe confundirse con el despido nulo, motivado por distintas circunstancias, y con distintas consecuencias legales.

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